Los precios de las propiedades resultan inaccesibles para los sectores populares e incluso para amplios segmentos de las clases medias, situación que los obliga a asentarse en las peores tierras de la ciudad. Qué hace el Estado, y qué debería hacer, para revertir esta situación.

El acceso al suelo urbano –suelo construido que dispone de determinados equipamientos colectivos, infraestructura y vivienda, objetos habitables de una sociedad determinada donde su territorialidad está concentrada y hacen posible la vida en la ciudad– por parte de los sectores populares en Argentina es un problema constante desde la constitución de los grandes centros urbanos que concentran las actividades económicas y financieras por un lado, y las condiciones materiales para la reproducción de la sociedad, por otro. Así, la ciudad se fue configurando según niveles de ingresos de la población y posibilidad de usufructo de sus equipamientos, como ámbito de disputa entre merecedores y no merecedores de condiciones habitacionales de calidad. Esta situación deriva en una distribución desigual de los bienes y servicios habitacionales, existiendo zonas deficitarias en relación con su acceso, que generan menores oportunidades para las personas implicadas.

A partir de mediados de los años ’70 se da un proceso de mercantilización a ultranza de los bienes y servicios habitacionales, donde acceden aquellos “clientes” que cuentan con los recursos para afrontar este gasto, priorizando el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho al hábitat urbano como medio de vida. De esta manera, el derecho de acceso al suelo urbano, y por ende a la ciudad, quedó relegado para muchos, sumado a la casi nula presencia estatal en la producción de vivienda y la inadecuada regulación del suelo. Por su parte, las intervenciones estatales implementadas en materia habitacional tuvieron como objetivo tener cierto control respecto de las formas de vida y liberar al Estado del papel de garante de la satisfacción del bienestar de toda la población, transfiriendo al mercado este papel.

A modo de ejemplo, una de las medidas que complejizan el acceso al suelo urbano de gran parte de la población de la Provincia de Buenos Aires es el Decreto/Ley Nº 8912 de 1977, vigente hasta la actualidad, que rige el ordenamiento del territorio de la región metropolitana de Buenos Aires, y regula el uso, subdivisión, ocupación y equipamiento del suelo, reduciendo o desapareciendo la oferta de lotes populares (forma de acceso al suelo urbano de los sectores populares desde la década del 40) y encareciendo el precio de la tierra. No se puede dejar de mencionar la venta de tierra para la construcción de barrios cerrados, clubes de campo y countries, destinados a sectores de altos ingresos, que originó la elevación del costo de habitar la periferia.

A medida que aumentó la concentración de la población, se hizo más evidente la dificultad de acceso a suelo urbano, vivienda, servicios públicos urbanos y equipamiento colectivo, postergando a gran cantidad de personas que terminan ocupando tierras poco aptas para vivir, como ser áreas inundables y de difícil acceso, con un grado importante de deterioro ambiental (contaminación de napas freáticas, cuencas hídricas y aire) que atentan contra la salud de la población, falta de espacios públicos, medios de transportes escasos e inadecuados, problemas de acceso a la salud y educación, etc. La no resolución de las necesidades habitacionales por vías mercantilizadas y por el Estado, derivó en diversas formas de resolución autogestionadas, individual o colectiva: alquiler, compra de lote y autoconstrucción, conformación de cooperativas de vivienda, toma de tierra (villas miseria, asentamientos, etc). Estas prácticas se desarrollaron históricamente bajo tensión con las empresas capitalistas (constructoras, proveedoras de servicios públicos urbanos, etc.) y con el Estado, cuyo resultado fue la segregación, disminución, erradicación y desaparición a través de políticas de expulsión y/o mecanismos de exclusión del mercado.

Pese a todas estas tensiones, se han sostenido acciones por los grupos afectados con fuerte reivindicación en el derecho a la ciudad. En este marco, el suelo urbano se convirtió en uno de los elementos más conflictivos de la vida urbana, situación que se complejiza por la especulación inmobiliaria, la recualificación urbana de algunas zonas desde mediados de los años ’90, hechos que encarecieron aún más la tierra urbana y que determinan quiénes son merecedores de la ciudad.

Cabe mencionar que esta problemática no ha pasado inadvertida en los últimos tiempos, sino que es un tema que ha aglutinado inquietudes de las organizaciones sociales, el ámbito académico y funcionarios públicos, que están avanzando, aunque de manera incipiente, en la problematización de las leyes actuales en torno de la planificación urbana y la regulación del suelo urbano, con la intención de avanzar en una propuesta normativa en torno del derecho a la vivienda, al suelo y a la ciudad, en dirección al tratamiento de la exclusión de las mayorías.

* Por Valeria Mutuberría Lazarini  *Investigadora del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial- Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.